El Tribunal de Cuentas reacciona sobre el decreto que hace inaplicable su dictamen motivado sobre los contratos públicos

Fecha 12/11/2020

Tras las reacciones suscitadas en el dictamen por el decreto de 6 de noviembre que derogó expresamente el artículo 153 del decreto de 17 de mayo de 2005 relativo a la administración central del Estado, la del propio Tribunal de Cuentas fue esperado con impaciencia. El Consejo, que dice tomar nota de lo dispuesto en el decreto de 6 de noviembre, derogando las modalidades de control judicial externo a priori que ejerce la Corte como jurisdicción independiente administrativa y financiera establecida por la Constitución de la República, recordó que este control es ‘realizado exclusivamente sobre la base de una disposición constitucional.

«Este control a priori al que están sometidas las personas físicas y jurídicas titulares de un poder público y encargadas de una misión de servicio público en el marco de las obligaciones derivadas del ejercicio de sus responsabilidades resulta de la estricta aplicación del artículo 200-4 de la Constitución que confiere a la Corte toda la competencia en la materia ”, se lee en la nota.

En efecto, el artículo 200-4 de la Constitución especifica que el “Tribunal Superior de Cuentas y lo Contencioso Administrativo participa en la elaboración del Presupuesto y es consultado sobre todas las cuestiones relativas a la legislación sobre finanzas públicas y sobre todos Redactar contratos, convenios y convenios de carácter financiero y comercial de los que el Estado sea parte. El actual presidente del consejo de la Corte, Rogavil Boisguéné, se ocupó de citarlo tal cual está en la nota.

La CSC / CA, insistiendo en las atribuciones que le confiere la Constitución, advirtió a los ordenadores de la administración pública. El Consejo de la Corte aprovecha la oportunidad para recordar a todos los ordenadores de las instituciones de la administración pública nacional que las responsabilidades administrativas y financieras inherentes a sus funciones son estrictamente personales y que es su responsabilidad velar por el cumplimiento de los dictámenes emitidos. en el marco de esta disposición constitucional ”, prosigue el presidente del consejo.

El Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo ejerce a priori el control de los contratos del Estado desde la adopción del Decreto de 4 de noviembre de 1983 sobre su organización y funcionamiento. Pero el artículo 2 del decreto del presidente Moïse del 6 de noviembre de 2020 ha cambiado la situación. Precisa que el control de la CSCCA se ejerce a posteriori. Modo de control que ya tenía como prerrogativa a los efectos de dar de alta a los contadores de fondos públicos y elaborar informes sobre los créditos presupuestarios otorgados a los ordenadores.

Autor: Ricardo lambert
Fuente Le Nouvelliste

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