Un decreto de Jovenel Moïse elimina parte de sus prerrogativas del Tribunal de Cuentas

Fecha 9/11/2020

Mediante decreto publicado el viernes 6 de noviembre de 2020, el Presidente de la República y su gobierno pusieron fin al control del Tribunal Superior de Cuentas y del litigio administrativo sobre los proyectos de contratos, convenios y convenios de carácter financiero a los que El Estado es parte. Este decreto, que derogó tácitamente determinadas disposiciones del decreto de 23 de noviembre de 2005 que establece la organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo (CSCCA), derogó expresamente el artículo 153 del decreto de 17 de mayo de 2005 relativo a la administración central del Estado. Este artículo estipula que los contratos elaborados por empresas públicas están sujetos al control previo de la CSCCA y se relacionan con disposiciones legales, garantías relativas a las obligaciones de los contratistas y estimaciones de costos. Contrario a las alegaciones de ciertos cercanos al poder, este decreto no puso fin al control a priori de la CSCCA. La creación de la Inspección General de Finanzas (IGF) en marzo de 2006 había permitido al gobierno de la época eliminar a priori el control de la CSCCA, pero le dejó sus prerrogativas sobre los borradores de contratos, acuerdos y convenciones. .

A partir de la publicación de este decreto, la CSCCA dejará de tener la libertad de emitir su dictamen motivado sobre los proyectos de contrato como venía ocurriendo desde el decreto de 4 de noviembre de 1983 sobre la organización y funcionamiento de la Corte Superior de Justicia. litigios contables y administrativos. Esto sugiere que hubo mayor preocupación bajo la dictadura de Jean-Claude Duvalier por permitir que esta institución de mayor control luche contra la corrupción que bajo la presidencia de Jovenel Moïse. El artículo 2 de este decreto establece que el control de la CSCCA se ejerce a posteriori.

Los dos decretos que regían el CSCCA ya habían asignado un control a posteriori al Tribunal Superior de Cuentas. Para dar de alta a los contables de los fondos públicos y elaborar los informes sobre las asignaciones presupuestarias concedidas a los ordenadores, era obligatorio el control a posteriori. Sin embargo, esta decisión tomada por el presidente de la República le hará más mal que bien. Después de la publicación de las tres partes del informe del fondo PetroCaribe en el que se inmovilizaron las administraciones de René Préval y Michel Martelly, en cualquier caso la administración Moïse-Jouthe no debería embarcarse en tal aventura. El CSCCA se ha vuelto cada vez más creíble en la opinión pública desde la presentación de las tres partes del informe del fondo PetroCaribe. Todo sugiere que en lugar de luchar contra la corrupción,

Se desconoce por el momento cuál será la reacción de la principal institución de control superior del país en relación a este decreto que obliga al CSCCA a enviar opiniones sobre contratos a la Comisión Nacional de Contratación Pública (CNMP). Las opiniones del Tribunal Superior de Cuentas ya no son motivadas, sino consultivas según el decreto. ¿Cómo puede una institución independiente reconocida por la Constitución ser colocada por decreto bajo la supervisión de una empresa pública que ya está bajo la supervisión del Primer Ministro? Mediante este decreto, la CNMP se convierte en una potencia aún no definida. ¿Adoptará Jovenel Moïse otros decretos para asignar nuevas competencias a la Comisión Nacional de Contratación?

Fuente Le Nouvelliste

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