La industria de falsificación de papeles migratorios en Los Ángeles

LOS ÁNGELES — En medio del ajetreo de los vendedores ambulantes que ofrecen helados, perros calientes y más productos desde sus carritos en el corazón de Los Ángeles, existe un negocio ilícito que discretamente atiende a los inmigrantes indocumentados ansiosos de trabajar en Estados Unidos. Sus proveedores ofrecen en voz baja: “Mica, mica”.

“¿Qué necesitas?”, pregunta una mujer en una acera llena de gente frente al parque MacArthur, el epicentro del comercio de las tarjetas laminadas en esta ciudad. Lleva un cuaderno en las manos, lista para anotar un pedido. “Ella puede conseguirte lo que sea rápido”, agregó un hombre que estaba con ella.

Un juego de documentos —una tarjeta del Seguro Social y una green card o tarjeta de residencia permanente— puede obtenerse por entre 80 y 200 dólares. El precio varía según el poder de negociación del cliente y la calidad de la falsificación. Los inmigrantes sin documentos saben que vale la pena invertir en papeles falsos, puesto que estos abren la posibilidad de obtener empleo en restaurantes, hoteles y muchos otros establecimientos aquí, en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos y en otras más.

La incapacidad del congreso estadounidense de llegar a un acuerdo sobre nuevas leyes migratorias o programas para trabajadores invitados—a fin de satisfacer las exigencias de la economía de Estados Unidos— garantiza la supervivencia de la industria de los documentos falsos, que surgió después de que los legisladores aprobaron la última reforma migratoria, en 1986. La Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) dio estatus legal a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que se encontraban en el país desde 1982 y también prohibió a los empleadores contratar trabajadores no autorizados.

“Una de las consecuencias involuntarias más predecibles de no haber atendido el lado de la demanda de la migración laboral ha sido el surgimiento de una sólida industria de falsificación de documentos”, dijo Wayne Cornelius, académico de asuntos migratorios de la Universidad de California, campus San Diego.

“Los documentos falsificados de buena calidad no son baratos, pero los migrantes los consideran un gasto necesario para obtener acceso a empleos estadounidenses”, comentó Cornelius, quien es director emérito del Programa de Investigación de Campo sobre Migración en México de esa universidad.

Alrededor de ocho millones de migrantes indocumentados forman parte del mercado laboral estadounidense. Como el país tiene la tasa de desempleo más baja en cincuenta años, hay muchas vacantes para los recién llegados y empleadores dispuestos a contratarlos.

Norm Langer, dueño de la tienda de alimentos Langer’s Delicatessen, ubicada frente al parque MacArthur, admite sin reparos que es muy probable que, inadvertidamente, él tenga contratados a inmigrantes sin papeles legales.

“Me necesitan y yo a ellos. No hay nadie más que haga el trabajo”, afirmó Langer, cuyo restaurante de 71 años de antigüedad, una institución de Los Ángeles, se encuentra en una esquina donde se comercian documentos falsificados, un intercambio que en ocasiones queda registrado por sus cámaras de seguridad.

Ante la pregunta de si verifica los documentos que le presentan sus nuevos empleados, Langer replicó: “No estoy aquí para hacer el trabajo de detective para el gobierno”.

The New York Times reveló hace poco que el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, contrató al menos a cuatro inmigrantes que presentaron tarjetas falsas de Seguro Social y de residencia legal permanente.

Tanto Victorina Morales, guatemalteca indocumentada en la nómina del club de golf, como Sandra Diaz, residente legal que estuvo empleada en el mismo lugar durante tres años cuando no tenía documentos legales, comentaron que usaron tarjetas falsificadas con números de Seguro Social inventados. Otras dos amas de llaves del club, que se encuentran en el país de manera ilegal, dijeron haber sido contratadas de la misma forma.

Una quinta trabajadora que también se dio a conocer este diciembre, Emma Torres, dijo en una entrevista que la administración del club de golf sabía que sus documentos eran fraudulentos cuando la contrataron en 2015 para trabajar primero como ama de llaves y luego en la cocina.

Torres, originaria de Ecuador, aseguró que fue fácil obtener los documentos. Otra persona en su misma situación le dio el teléfono de un intermediario, que le dijo que fuera a un restaurante a encontrarse con alguien que llevaría puesta una gorra y una camisa amarillas. Torres dijo que le dio a esa persona su nombre y fecha de nacimiento, dos fotografías y 150 dólares. Contó que unas horas más tarde regresó a recoger una tarjeta de Seguro Social y una green card.

“Si no tienes documentos, no consigues trabajo, a menos de que estés dispuesto a que te paguen solo en efectivo”, dijo Torres.

En años recientes, los vendedores de documentos falsos se han ido alejando de los enclaves migratorios –como Pico-Union en Los Ángeles y la avenida Roosevelt en Queens– hacia residencias privadas y el internet. La producción ha migrado de talleres de imprenta rudimentarios —con máquinas de escribir, tijeras y laminadoras— a operaciones equipadas con computadoras e impresoras de última generación que producen en masa falsificaciones muy bien hechas, las cuales incluso cuentan con características de seguridad, como hologramas.

La industria ilegal también florece con ayuda de las redes sociales y tecnología sofisticada, y algunos actores operan internacionalmente. Según los investigadores, ahora se ha vuelto común el uso de métodos de pago alternos al sistema bancario, como el servicio de pagos móviles Venmo. La mercadotecnia al respecto es discreta y algunas veces se da a través de la red oscura.

“Anticiparse a los falsificadores es una lucha constante. Estamos viendo que las fábricas de documentos se vuelven cada vez más complejas”, explicó Christopher Kuemmerle, agente de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional adscrito al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles. Kuemmerle supervisa a un equipo especial encargado de documentos y prestaciones conformado por agencias locales, estatales y federales.

En 2017, en un intento por impedir el fraude, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a emitir green cards con mejoras de seguridad, como imágenes holográficas incrustadas.

Dado que los falsificadores no siempre son capaces de reproducir sus características exactas, las green cards falsas tal vez no pasarían una inspección oficial en los puertos de entrada de Estados Unidos, como los aeropuertos. No obstante, los empleadores difícilmente notan la diferencia.

Pero la presión sobre los empleadores también ha aumentado, lo que a su vez ha hecho que prospere el auge de la falsificación de documentos. El gobierno de Donald Trump ha aumentado los operativos y las auditorías a las empresas que sospecha que contratan inmigrantes indocumentados.

Las empresas que son proveedoras del gobierno federal deben usar E-Verify, un sistema electrónico que inhabilita las identificaciones falsas. Además, veintidós de los cincuenta estados exigen que al menos algunos empleadores públicos y privados utilicen el sistema (Nueva Jersey y California no figuran entre ellos).

Empeñados en conseguir empleo, los inmigrantes que no residen legalmente en Estados Unidos están recurriendo con mayor frecuencia a la táctica de adquirir documentos auténticos de residentes legales o de ciudadanos estadounidenses para intentar evadir los filtros.

Puerto Rico, donde viven más de tres millones de personas que en su mayoría tienen apellidos en español, se ha vuelto el centro neurálgico de las redes de tráfico de documentos auténticos, en parte debido a que las actas de nacimiento se obtienen con facilidad y es relativamente fácil circularlas. “Este es el mercado de donde provienen las identidades robadas”, aseguró Timothy Henwood, primer fiscal federal adjunto de Estados Unidos en Puerto Rico.

“Una vez que obtienes un acta de nacimiento auténtica de Puerto Rico, puedes tramitar una tarjeta de Seguro Social y una licencia de conducir genuinas. Asumes una identidad robada y te integras a la sociedad y al mercado laboral”, explicó Henwood.

En febrero de 2018, la oficina de Henwood acusó a un ciudadano dominicano de participar en una estafa para robar y vender las identidades de puertorriqueños a personas sin documentos legales en Estados Unidos. El acusado, Reynaldo Rodriguez-Canario, que se declaró culpable, dijo que tenía cómplices que vendían tarjetas de Seguro Social y otros documentos en ciudades estadounidenses con precios entre 500 y 1.300 dólares por juego.

La fiscalía general de Estados Unidos y el ICE anunciaron en febrero que un juez federal en Boston había dictado sentencias de ocho meses hasta dos años de prisión a varias personas que vendían identificaciones puertorriqueñas robadas a inmigrantes indocumentados en Massachusetts.

Y en julio de 2017, veinticinco personas fueron consignadas ante un tribunal federal en Boston por el uso de identidades de ciudadanos de Puerto Rico para obtener documentos y servicios públicos, como el seguro médico para personas en pobreza Medicaid y otros subsidios de desempleo y vivienda, según la oficina de la fiscalía general federal en Massachusetts.

Las redes de falsificación prosperan entre ciertos grupos específicos. Los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional han encontrado fábricas que producen pasaportes y documentos para ciudadanos chinos. Por lo general, la comunicación para tramitarlos se da a través de WeChat, una aplicación china de mensajes de texto que es difícil de interceptar.

“Los sujetos que estamos rastreando conducen autos bonitos, viven en casas lindas y ganan bien. Hay pocos costos. Solo obtienen ganancias”, dijo Kuemmerle, el agente de Investigaciones de Seguridad Nacional.

A nivel nacional en Estados Unidos, entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 la unidad para desmantelar organizaciones de falsificación de documentos acumuló 1.258 arrestos, 997 acusaciones formales y 710 sentencias.

El sur de California es la región con la mayor población de inmigrantes indocumentados en el país. Muchos de los que cruzan la frontera pasan por Los Ángeles en su camino hacia el este, y hacen una escala en el parque MacArthur.

Una tarde hace poco, los vendedores de documentos buscaban clientes en el parque concurrido con un gesto: con su pulgar y el dedo índice hacían parecer que llevaban una una tarjeta en la mano.

Cuando apareció un par de agentes de policía, de inmediato abandonaron sus puestos.

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