El Parlamento húngaro aprueba una ley que criminaliza la ayuda a inmigrantes

El Parlamento de Hungría aprobó hoy la ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo. Fue una de las principales promesas electorales en la campaña que llevó a la victoria al nacionalista Viktor Orbán el pasado 8 de abril y fue aprobada por 160 votos a favor y solamente 18 en contra. La nueva normativa castiga cualquier tipo de apoyo a personas que hayan entrado de forma ilegal en Hungría, con una única excepción: si la vida de esa persona está en peligro.

El principal objetivo son las ONGs, muchas de ellas extranjeras, que realizan trabajos humanitarios con los ilegales. A los cooperantes se les podrá impedir el acceso a una franja de hasta ocho kilómetros de ancho a lo largo de la frontera exterior Schengen de Hungría. La reforma del Código Penal «se dirige a parar y castigar a todos aquellos que organizan la inmigración ilegal y que quieren llenar Europa con inmigrantes», dijo el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó.

 Este paquete legislativo, a la que la prensa húngara se refiere como «paquete Stop-Soros» en alusión al multimillonario liberal estadounidense George Soros, que respalda ONGs en todo el mundo con sus donaciones, se superpone a otra norma que está en vigor desde el año pasado y que exige a todas las ONGs que reciben cada año más de 23.000 euros de financiación extranjera que se refieran a sí mismas en publicaciones y manifestaciones en Internet como «organizaciones apoyadas desde el extranjero».

Ahora, quedan sujetos al Código Penal húngaro los trabajadores y activistas de las organizaciones no gubernamentales que busquen dar acceso a un proceso de asilo a personas que no son objeto de persecución en su país de origen ni en cualquier otro de tránsito hacia Hungría. En particular hace punible a quien «elabore, difunda o encargue material informativo» o bien «construya u opere una red» en este contexto.

En una anterior versión de la ley, se preveía un impuesto de castigo a las organizaciones civiles que ayuden a los refugiados de un 25% de la financiación recibida del extranjero. Esta disposición desapareció finalmente del texto tras fuertes críticas internacionales, pero el impuesto punitivo será introducido de todas formas en el marco de una enmienda a la ley tributaria que se aprobará próximamente.

Críticas exteriores

La Unión por las Libertades Fundamentales lamentó la aprobación «precisamente en el Día Mundial de los Refugiados» y denuncia que «el verdaero fin de esta ley es que ninguna ONG denuncie abusos del Estado húngaro». El director para Europa de Amnistía Internacional, Gauri van Gulik, dice que se trata de un paso más en «los intentos de estigmatizar, intimidar y atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil húngara». La Comisión Venecia del Consejo de Europa instó el lunes a Hungría a no aprobar el proyecto. La Comisión tiene previsto publicar el viernes sus conclusiones.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *