República Dominicana, un paritorio de Haití

El pasado 23 de agosto del 2017, durante la habitual entrevista del desayuno del periódico Listín Diario, el presidente de la Junta Central Electoral junto a otros miembros del pleno de la misma, fijó su posición sobre el recurrente tema de la fragilidad de la frontera y el problema que representa para el presente y futuro de la nación, el crecimiento constante de la migración ilegal hacia el país, y lo hizo de manera clara y tajante: “La República Dominicana tiene que decidirse a no seguir siendo un paritorio de Haití, porque son miles las mujeres que están cruzando la frontera para venir a dar a luz al país, y luego buscar que esos niños sean nacionalizados”.

Para los dominicanos que como yo, viven atentos a la situación de constante amenaza que vive el país con la desbordada inmigración de ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades, no nos resultan extrañas estas aseveraciones, pero sí muy preocupantes por venir de una autoridad competente en el ámbito de control legal y sobre todo creíble.

En la misma entrevista, el doctor Castaños Guzmán, taxativamente, quiso dejar clara la posición de la dependencia que preside, y entre otras afirmaciones expresó: “Definitivamente esa frontera tiene que tomar en cuenta que al país hay que preservarlo de la avalancha de niños de madres extranjeras, porque esa situación le crea una gran presión al país, además de que en determinado momento pudiera ser vista como una política invasiva”.

Más adelante, usando un lenguaje llano afirmó: “Vamos a llamarlo por su nombre, entonces nosotros tenemos que tener la suficiente responsabilidad, el Estado dominicano, de detener eso. Y eso hay que detenerlo allá en la frontera”, refiriéndose a todas las haitianas que cruzan la línea divisoria para dar a luz en el territorio nacional. Revelando que hay muchas madres que vienen, dan a luz y dejan abandonados a sus niños; mientras que otras se marchan con sus vástagos una vez concluyen el proceso, reconociendo que “Hay un problema y ese problema la Junta Central Electoral lo está viendo con mucha atención y está tomando las medidas de lugar”.

Asimismo, manifestó que el pleno del organismo no es ingenuo, saben lo que eso implica, además de que están claros hacia dónde deben ir respecto al tema, señalando que después que la madre no residente viene al país y da a luz, hay que inscribir al niño en el Libro de Extranjería, porque es un derecho universal.

El presidente de la JCE aprovechó ese escenario para dejar clara la posición del organismo que dirige sobre el espinoso tema del registro de niños abandonados, calificando de infundadas las dudas expresadas por algunos sectores respecto al acuerdo firmado entre el gobierno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la JCE, mediante el cual serán registrados en las oficialías civiles de los hospitales los infantes que nazcan allí.

Explicó que existe un protocolo que cumple con los inscritos en los libros de extranjería, en el cual se le comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo ponga en conocimiento de las embajadas y consulados del país, de origen de la madre. Es un derecho fundamental que al nacer cada persona sea inscrita en un libro de registro civil, y en el caso de los nacidos aquí les corresponde asentarlos en el Libro de Extranjería.

En el contexto de esta realidad, la tendencia internacional es distanciarse del otorgamiento de la ciudadanía por nacimiento, y cada vez son más los estados que han eliminado esas políticas en las últimas décadas, aprobando nuevas leyes o modificando su ordenamiento jurídico para regularizar el estatus de los inmigrantes ilegales.

Un estudio del “Centro para Estudios de la Inmigración” con sede en Washington DC-EE.UU, señala que de 194 naciones del conglomerado mundial, unas 160 naciones “no conceden ciudadanía automática” a los hijos de inmigrantes ilegales, incluyendo a la República Dominicana.

Hoy, solo 30 naciones del mundo -economías desarrolladas- que conceden en sus constituciones la ciudadanía automática para hijos de ilegales o en tránsito que han nacido en sus territorios. En las últimas décadas muchos países pusieron fin a la práctica de otorgar la ciudadanía por nacimientos, como: Inglaterra (1983), Australia (1986), India (1987), Malta (1989), Irlanda (2004) y Nueva Zelanda (2006), mientras otros estados están considerando realizar esos cambios.

Mientras que el informe sobre “Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado y Apatridia” del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), nos ubica como el quinto país del mundo con mayor número de personas en condiciones de apatridia (sin nacionalidad). De acuerdo a ese informe, nuestro país tiene 210 mil ciudadanos en la categoría “Personas bajo el mandato de apatridia de ACNUR”, sólo superada por Myanmar (810 mil), Costa de Marfil (700 mil), Letonia (263 mil) y Tailandia (506 mil).

Sin embargo, unos seis meses antes de la “declaración-alerta” del titular de la JCE de ser un paritorio de Haití, trasciende como arte de magia que el día 23 de mayo pasado, el pleno de este organismo aprobó la resolución 03-2017, que dispone: “La creación de un glosario alfabético de apellidos para ser sorteados y asignados administrativamente a los niños, niñas y adolescentes declarados en estado de abandono por el tribunal competente, en su registro de nacimiento y su cédula de identidad y electoral”.

Resolución que motivó todo tipo de conjeturas en el país y generando el debate entre los especialistas de la materia sobre su legalidad y pertinencia. Eso sucede mientras el país tiene, como una especie de “Espada de Damocles”, que aceptar la parición desenfrenada de miles de mujeres extranjeras, especialmente haitianas en nuestros hospitales, caso que fue denunciado por el presidente de la JCE, con la consiguiente exigencia al gobierno de detenerla.

Sobre ese tenor, y de acuerdo con los registros del Servicio Nacional de Salud (SNS), en hospitales de República Dominicana se registran cada año nacimientos que van de entre 27 y 80% de madres haitianas, cuya asistencia se ofrece de manera gratuita y sin tomar en cuenta su condición migratoria.

Según el SNS, en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y en el Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, los porcentajes de nacimientos son de 27 y 25% respectivamente; en hospitales de Santiago es de 30 y 35%, y se incrementa a entre 70 y 80% en los centros hospitalarios fronterizos.

Ese mismo informe señala que el 55% de los nacimientos registrados durante el 2017 en las dos principales maternidades de la capital, fueron productos de madres adolescentes y extranjeras, de las cuales 99% fueron haitianas y cerca de 1% de otras nacionalidades.

En este sentido, y ante la resolución adoptada por la JCE para concederles apellidos a personas declaradas en estado de abandono, de hecho y de derecho también se les estaría otorgando la nacionalidad dominicana, lo que representa una situación sumamente atrayente para los ciudadanos del país vecino, que con una población empobrecida e indocumentada en su propio territorio, fácilmente dejarían a sus hijos abandonados -como de hecho lo hacen tras parir aquí- con el fin de que adquirieran un apellido y sus consecuentes derechos como dominicanos.

Esa misma concesión también podría ser aprovechada por los ciudadanos haitianos que no han podido completar los documentos exigidos en el proceso del Plan de Regularización de Extranjeros, porque carecen de documentos de su país. Trampolín, que vendría como “anillo al dedo” y podría ser usado por aquellos que abogan para que les sea concedida la nacionalidad dominicana a miles de haitianos.

Nuestras autoridades, genuflexas por demás frente al vecino Haití, sobre todo cuando surgen presiones para que renuncie a su responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias, y hasta de modificar su marco jurídico para solucionar la presión de una demografía que no resiste ni aguanta un país pobre como Haití, están obligadas a dar una respuesta a esta nueva situación de amenaza.

Esto ocurre mientras la mayoría de los estados del mundo cumplen y endurecen sus leyes migratorias, sin importarle, y obviando las presiones de organismos y grupos locales para impedirlo. Vemos como ciertos países sudamericanos y del Caribe aplican sus leyes migratorias sin contemplación y de manera rigurosa.

Parece una imitación del reino animal, donde el miedo se olfatea y la indecisión puede significar su propia existencia, por lo que aún no logro entender por qué nuestras autoridades no asumen la impostergable determinación de hacer cumplir sus leyes migratorias. Por el contrario, el Estado, como fiera salvaje se le percibe temeroso, inseguro e indeciso para tomar una decisión que nos augura un futuro incierto, que podría significar el ocaso de nuestra Nación.

Ante este panorama, entiendo que no podemos continuar actuando genuflexamente. La paciencia y tolerancia de los dominicanos tiene su límite, evitemos un empoderamiento de la población que lo conlleve a una reacción inusual de un pueblo amante de la paz y solidario por de más. Tampoco ponderamos si la resolución es buena o mala, pero sí debemos tomarla en consideración por sus implicaciones inmediatas y futuras, y no seguir siendo el paritorio de Haití por la salud y bienestar de la patria.

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